La Contraloría General de la República (CGR) de Chile detectó que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron transacciones en casinos de juego por más de $11.490 millones, pese a tener prohibido legalmente participar en apuestas entre enero de 2024 y junio de 2025.
El hallazgo se produjo tras un cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos —quienes deben rendir caución— y los antecedentes de clientes de casinos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
De acuerdo con el organismo fiscalizador, los involucrados pertenecen a 371 entidades del Estado y efectuaron gastos en juegos de azar durante un periodo en que la normativa vigente les impedía expresamente realizar este tipo de actividades.
La prohibición responde a estándares de probidad administrativa, que buscan evitar conflictos de interés y resguardar el uso adecuado de recursos públicos, especialmente en el caso de funcionarios que manejan o tienen bajo su responsabilidad fondos estatales.
El informe abre ahora interrogantes sobre posibles sanciones administrativas y eventuales responsabilidades legales, mientras se espera que las instituciones involucradas adopten medidas frente a los casos detectados.
